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DECLARACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y
EDUCACIÓN |
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El Consejo General de Cultura y Educación, en sesión
plenaria del día de la fecha, reitera y hace pública su
firme convicción acerca del derecho quetodos
los estudiantes tienen a recibir una educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada de la provincia de Buenos
Aires Buenos Aires; entendiendo que esta –tal como lo
expresa la Ley 26150- debe ser integral, articulando
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y
éticos.
Es obligación del Estado asumir la responsabilidad de
brindar una educación sexual integral, que incluya a las
niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con la
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones
específicas del marco normativo vigente: Ley 25.673, de
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de
la Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de
Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que
cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes; Ley 13.298,
de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los
Niños
y las leyes generales de educación: Ley 26.206 de la
Nación y Ley 13.688 de la Provincia de Buenos Aires.
La escuela, como uno de los primeros espacios sociales
organizados, tiene la relevante tarea de ofrecer una
educación integral que abarca todos los aspectos de la
vida, entre ellos la educación sexual integral de todos
los estudiantes.
La DGCyE, al incorporar la educación sexual integral
dentro de las propuestas educativas para los estudiantes
de todos los Niveles y Modalidades del sistema
educativo, asume la responsabilidad de asegurar la
transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados
en la educación sexual integral; promover actitudes
responsables ante la sexualidad; prevenir problemas
relacionados con la salud en general y la salud sexual y
reproductiva en particular; y procurar la igualdad de
trato, oportunidades y posibilidades para varones y
mujeres.
Esta responsabilidad educativa, también, se expresa en
los diseños curriculares que prescriben los contenidos
y guían la enseñanza y a través de distintas
estrategias educativas que desde el ámbito de la escuela
se despliegan en el espacio familiar y comunitario.
En este sentido, apoyamos la distribución de la
publicación “Educación Sexual Integral. Para
charlar en Familia”, producida por el Ministerio de
Educación de la Nación -en el marco del Programa
Nacional de Educación Sexual y con el apoyo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas en Argentina-, porque
aporta una amplia información sostenida científicamente,
promueve la igualdad de derechos y el reconocimiento y
respeto a las diferencias.
Entendemos, que su contenido y distribución están en
relación a las políticas públicas que apuntan a la
distribución del conocimiento y al ejercicio del derecho
a una educación que le permita a cada sujeto conocerse a
sí mismo y a los otros; analizar críticamente su
contexto y realidad, y decidir con autonomía respecto a
su vida presente y a su porvenir.
La educación sexual integral es un derecho de todos los
estudiantes, por lo tanto es obligación del Estado
asumir esta responsabilidad. |
